9 de agosto de 2020, Rosario, Argentina
CONTRA EL TRABAJADOR

ART: el proyecto obtuvo media sanción en Senadores y llegará a la Cámara baja

02 de julio de 2020

Matilde Bruera: “La ley de ART va en contra de los derechos de los trabajadores”. La diputada provincial y ex defensora federal adelantó que votará en contra de la adhesión de Santa Fe a la normativa por considerarla "inconstitucional". 

La diputada provincial y ex defensora federal adelantó que votará en contra de la adhesión de Santa Fe a la normativa por considerarla "inconstitucional". El proyecto obtuvo la semana pasada media sanción en Senadores y este jueves llegará a la Cámara baja

El proyecto de adhesión a ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) llegará este jueves a la Cámara de Diputados provincial después de obtener media sanción la semana pasada en Senadores. La diputada y ex defensora federal Matilde Bruera es una de las principales opositoras de la iniciativa, a la que considera inconstitucional: “es una ley que restringe el derecho de acceso de los trabajadores a la Justicia, y eso va en contra de los Derechos Humanos”, dijo a El Ciudadano y enfatizó: “Es claro que esta ley trata de asegurar las ganancias de las aseguradoras y dejan desprotegidos a los trabajadores”.

“Lo más importante es el derecho que tienen los trabajadores a acceder a la Justicia. Con esta ley, si un trabajador tiene una enfermedad o un accidente vinculado a lo laboral y el empleador no se lo reconoce, para reclamar en lugar de ir a un juez tiene que ir a una comisión médica, un órgano administrativo que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que a su vez depende del Ejecutivo nacional, que es el mismo que regula a las ART”, expresó Bruera, para quien la ley es inconstitucional porque, además de haber fallos de la Corte Suprema que así lo indican, “viola lo más elemental del Estado de Derecho: la forma republicana de gobierno, con su correspondiente división de poderes”.

Las ART son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.

“Desde que los Derechos Humanos se incorporaron en nuestra Constitución en 1994, cualquier persona que quiera reclamar por un derecho tiene que poder hacerlo a través de la Justicia. Si eso no ocurre, no existen los Derechos Humanos”, consideró Bruera.

“Lo grave es que esta comisión médica termina siendo juez y parte, y la Justicia no tiene intervención hasta la etapa de apelación”, explicó la diputada.  “Con esta ley, en lugar de decidir un juez, decide un órgano administrativo que está conformado por médicos. Y los médicos no pueden decidir sobre el Derecho, eso es responsabilidad de un juez.  Y menos cuando ese organismo depende del mismo organismo del que dependen las ART. Por eso decimos que pusieron al zorro a cuidar el gallinero: la misma ART que no te paga hace de juez para que te paguen el seguro”, dijo y remarcó: “Por ley, las ART deben cumplir funciones de prevención de las enfermedades y de los accidentes laborales. Si reconoce eso en un fallo quiere decir que la prevención falló, y por eso es grave que el Ejecutivo sea juez y parte”

De acuerdo con Bruera, a ese mecanismo se le suma otro: si esa comisión médica emite un dictamen con el que el trabajador no está de acuerdo, puede apelar a la Justicia, pero al hacerlo el trámite tiene que comenzar de cero. “Si, por ejemplo, la comisión médica decide dar un diez por ciento y el trabajador no está de acuerdo, porque reclama un 30 por ciento, y va a la Justicia, no es que recibe el 10 por ciento y reclama por la diferencia, sino que corre el riesgo de no llevarse nada”.

“Y todo eso lleva mucho tiempo. Es retrasar al menos un año el acceso de un trabajador a la Justicia. Si un juicio laboral ya duraba mucho antes, esto le suma más tiempo y con eso lo que pretenden es que el trabajador no llegue a la Justicia a reclamar”, remarcó.

La ley nacional de ART (Nº 27.348), fue sancionada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. En Santa Fe, el proyecto de adhesión tuvo media sanción en el Senado en julio de 2019, pero la férrea postura de Diputados evitó su aprobación definitiva.

Tanto el gobernador Omar Perotti como el ex gobernador socialista Miguel Lifschitz se mostraron a favor de la adhesión. El gobierno nacional está interesado de que la provincia siga el mismo camino que otras 15 jurisdicciones argentinas que ya crearon sus normativas. El ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman, también movió las piezas necesarias y la semana pasada el proyecto impulsado por Perotti obtuvo nuevamente media sanción en el Senado. Este jueves, llegará a la Cámara baja provincial en busca de aprobación, aunque se prevé que antes de llegar al recinto deba hacer un recorrido por algunas comisiones.

En Santa Fe, hay resistencia de varios sectores gremiales, que la interpretan como una ley pro empleador e incluso la han tildado de flexibilización laboral encubierta, que quita responsabilidades a las patronales en casos de accidentes o enfermedades laborales que lleven a conflictos entre ambas partes al crear una instancia pre judicial.

“Los que defienden la ley hablan de bajar la litigiosidad, de bajar las alícuotas. Eso es mentira: las ART reconocen entre el 2 y el 3 por ciento de las enfermedades reclamables, por lo que siempre vas a tener que terminar en un juicio. Lo que hacen es obstruir los reclamos y que un trabajador se resigne porque si no tiene que ir a un juicio cada vez más largo. Esto afecta el derecho al recurso”, consideró Bruera, que integra el bloque del PJ pero que se referencia con Encuentro por Santa Fe, espacio gestado por la ministra de Hábitat María Eugenia Bielsa.

Para la ex defensora federal, la verdadera intensión de la ley es “evitar que el trabajador pueda ir a un juez a que reconozcan sus derechos. Su negocio es pagar la menor cantidad de siniestros”.

Además, entendió que la ley falla, incluso, en las cuestiones técnicas: “Lo que se impulsa es la adhesión a una ley nacional que pretende regular sobre los procedimientos, que es algo sobre lo que tienen que legislar las provincias y no la Nación”, enfatizó.

Fuente: El Ciudadano

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