2 de junio de 2020, Rosario, Argentina
EL CARTERO

La Justicia ordenó intervenir el Correo Argentino y desplazar a sus directivos

04 de marzo de 2020

La jueza Marta Cirulli decidió el desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el proceso de salvataje de la sociedad comercial.

El pedido lo habían hecho la fiscal Gabriela Boquin y el titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Zannini

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la intervención plena de la empresa Correo Argentino S.A. y el desplazamiento total” de su directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.

Para decidir las medidas “hasta que concluya el procedimiento de salvataje”, Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de septiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de 191.997.055,52 de pesos.

En su fallo, la jueza cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”.

“Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen, sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público”, sostuvo la jueza.

La magistrada señaló además que la empresa, además de responder parcialmente y a cuenta gotas lo requerido por el coadministrador, no controvirtió las imputaciones formuladas por la fiscal Boquín sobre una deuda con AFIP “de nada menos que $600.000.000” de impuestos impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta.

Fuente: +medios

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