16 de junio de 2019, Rosario, Argentina
ES LO QUE HABÍA

Cambiemos: pasó de criticar el control de precios a presentar un proyecto de ley

10 de abril de 2019

Contra el mandato liberal del gobierno del que forma parte, la diputada Carrió presentó un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia y así evitar abusos de las grandes cadenas de supermercados.

Para la doctrina liberal el control de precios es poco menos que un delito. De hecho las fuerzas políticas que integran en la actualidad la gobernante Alianza Cambiemos en tanto oposición habían cargado en reiteradas oportunidades contra el intento del gobierno de Cristina Kirchner de avanzar en ese sentido. "Precios Cuidados" fue blanco de todas sus críticas, sin embargo el gobierno de Mauricio Macri le tuvo que darle continuidad al programa ante la imposibilidad de controlar la inflación.

Ahora la diputada de la Coalición Cívica y aliada clave del gobierno de Macri, Elisa Carrió, persentó un proyecto de ley para poner un límite a los precios.

Elisa Carrió                                           Elisa Carrió

El proyecto de ley decompetencia de la cadena alimenticia apunta a evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.

De acuerdo con el texto de la iniciativa "será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia, y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso, desde la producción hasta la distribución final, de alimentos y productos alimenticios".

Así Carrió, socia fundadora de Cambiemos, le apunta a los privados por la suba de precios mientras el Gobierno no le encuentra una solución a la inflación, que tras un 2018 que cerró en 47,6% en lo que va del año ya acumula más de un 10%.

"Si existiera una situación de desequilibrio en el caso de los contratos alimenticios, será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito", propone el proyecto de Carrió.

El proyecto plantea entre sus objetivos centrales el de "resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimenticia, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores".

Asimismo, la iniciativa busca "contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de productos alimenticios suficientes y de calidad".

Se establece además la creación de un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país, con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos.

También propone que "la participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales".

Prohíbe "pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características", y busca garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local.

Establece, finalmente, que los productos de menor precio "deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros", en las góndolas exhibidoras.

"Todo programa gubernamental, tanto nacional como provincial o local, que tengan por finalidad brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, deberán estar señalizados con carteles indicadores que faciliten su identificación respetando las pautas de exhibición de precios", propone la diputada de Cambiemos.

Fuente: M1

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